Código Penal Gallardón, otra ley contra internet
Cuando se tuvieron las primeras noticias del Código Penal Gallardón ya tuvimos ocasión de reflexionar sobre cómo pretendía criminalizar el gobierno las distintas formas de protesta social crecidas al fuego del #15M y las redes sociales, y en concreto la actividad política de los Yayoflautas y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Ya nos quejábamos entonces de la falta de transparencia del Gobierno, que escondía el texto de las reformas más impopulares. Siguen en sus trece: para localizar el texto del anteproyecto del Código Penal remitido al Consejo de Estado, de nuevo hay que acudir al Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. Allí pueden encontrarse la versión de 3 de abril, que viene con sorpresa en lo relativo a internet.
Lean los artículos 270 y 271, relativos a los delitos contra la propiedad intelectual. Tomen aire, y vuelvan a leerlos. Sí: pretenden establecer penas de hasta 6 años de prisión para quien ‘facilite el acceso’ de cualquier obra intelectual, aún sin beneficio económico directo, además de páginas de enlaces y para los vendedores de cualquier dispositivo que permita la elusión de protecciones tecnológicas. Pretenden criminalizar media internet, y a la práctica totalidad de las tiendas de reparación de consolas.
Más cárcel para los ‘piratas’ que para quien posea pornografía infantil. Están claras las prioridades de este gobierno.
(Carlos Sánchez Almeida, en Jaque Perpetuo)
Ya han cambiado el titular de “Nuestros votantes dejan de comer antes de no pagar la hipoteca” a “Los votantes del PP son los que pagan la hipoteca”. Pero creo que el de la edición impresa no lo van a poder cambiar tan fácilmente.
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#Cospedalhijadeputa
(Source: asivahispania, via missantropa)
El Gobierno exime de ir a prisión a los imputados por fraude fiscal que paguen antes de dos meses
- La reforma del Código Penal aprobada en enero de 2013 endurecía, en teoría, las penas por delitos fiscales al elevar las penas máximas a seis años.
- El articulado, sin embargo, recoge una “excusa absolutoria que en la práctica es una puerta falsa que invalida toda la ley”, denuncian los inspectores de Hacienda.
- La Organización de Inspectores (IHE) lamenta que la desaparición de este delito impide a su vez luchar contra otros delitos como el blanqueo de capitales.
NICOLAS M. SARRIES 15.03.2013 – 17:05h
El Gobierno aprobó el pasado mes de enero una reforma del Código Penal que en teoría endurecía las penas por delitos fiscales, pero en la práctica deja siempre al defraudador “la oportunidad de no ingresar en prisión si se paga el importe defraudado” en el plazo de dos meses desde que ha sido imputado judicialmente, según han denunciado los inspectores de Hacienda.
La reforma legal publicada el pasado 28 de diciembre en el BOE establece un tipo penal agravado para los mayores fraudes, y se contemplan así penas de entre 2 y 6 años como máximo. Esta modificación permite, además, que el plazo de prescripción de las infracciones por fraude fiscal se eleve hasta los 10 años, e incrementa las opciones de cobro de la deuda tributaria impagada al impedir la paralización del procedimiento administrativo.
Sin embargo, tal como explica un informe publicado por la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE), la normativa contiene “puntos oscuros” que suponen una puerta falsa “que invalida toda la ley”. En el apartado 6 del artículo 305 del Código Penal, se indica que jueces reducirán la pena “en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos”.
En la práctica esto está suponiendo una “excusa absolutoria”, en palabras de inspectores consultados por este diario, que impide que nadie entre en prisión por delitos de fraude (las penas máximas pasan a ser de 3 a 6 meses). Además, como de facto desaparece el delito fiscal, se impide por ello la persecución de otros posibles actos delictivos relacionados, “como son el blanqueo de capitales”, explican fuentes solventes de la Agencia Tributaria.
La absolución denunciada por los inspectores no acaba ahí, ya que junto a la reducción de la pena se produce una rebaja de la multa que se impone a los contribuyentes imputados: Pasa a ser del 25% al 50% del importe que correspondería en caso de sanción administrativa. “Con esta regulación se le está enviando al defraudador un mensaje claro de tranquilidad“, critican desde la IHE.
Pocos medios y un mal diseño
El colectivo de inspectores alerta en su último comunicado del conjunto de problemas que, a su juicio, viven día a día en laAgencia Tributaria, al tiempo que ofrecen una batería depropuestas para ganar en eficiencia y capacidad recaudatoria. Una de sus quejas históricas es la falta de medios de la Agencia: En España hay un empleado tributario para cada 1.928 ciudadanos, ratios muy bajos en relación a los países de nuestro entorno. En Francia y Alemania, por ejemplo, hay un inspector o subinspector por cada 860 y 729 ciudadanos, respectivamente.
Para paliar la escasez de medios humanos y ante la crisis nacional que sufren las cuentas públicas, los inspectores han propuesto por escrito al Gobierno poder realizar horas extra por las tardes (el horario en Hacienda es de 8 a 15 horas), una medida que no tendría impacto, dicen, en las cuentas, ya que la Agencia se “autofinanciaría” con el aumento de ingresos. Además, como es obvio, han reclamado que se convoquen cuanto antes nuevas oposicionespara plaza de inspector y subinspector, después de que las de 2012 sigan paralizadas.
La falta de medios humanos a su vez provoca, tal como denuncia la IHE, que la carga de trabajo de cada funcionario sea “excesiva a todas luces”, lo que unido a un sistema de incentivos “perversos” (el 20% del salario depende de la productividad, es decir, de los expedientes resueltos) hayan dado como resultado una definición de objetivos inadecuada, en la que la mayor parte de la inspección se acumula en las rentas salariales y no en los grandes patrimonios.
Gallardón atribuye las protestas del mundo judicial a la pérdida de la paga extra
El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha atribuido este martes la oposición del sector judicial a sus reformas a “intereses corporativos”. El ministro ha defendido el sistema de tasas porque “La Justicia puede ser gratuita pero jamás es gratis”.
Ha defendido las tasas como “un mecanismo para que solo recurran esos que tienen posibilidades objetivas de vencer en una segunda instancia”.
¿Intereses corporativos, Gallardón? ¿Se ponen de acuerdo dieciocho asociaciones de abogados, funcionarios, jueces y fiscales, y hablas de intereses corporativos y que es por lo de la paga? ¿Qué interés corporativo va a tener un juez, un funcionario o un fiscal del Estado, Gallardón?
Y las tasas solo para los que tengan posibilidades de éxito. Como si en este bendito país de mierda no hubiera día sí, día también, sentencias absolutamente injustas en primera instancia cuyo error SE DEMUESTRA en instancias superiores.
Qué insulto tan grave, tan despreciativo, tan descarado y hacia tantísimas personas. Es increíble.
España, único país que sube la gasolina tras publicarse el IPC de noviembre
Las cifras parecen dar la razón a quienes apuntaron que las gasolinas estaban bajando en parte de forma artificial con el objetivo de contener la inflación. Una vez conocido el dato del IPC, que cayó del 3,5% al 2,9% el mes pasado, los carburantes vuelven a repuntar, en contra de lo ocurrido en el resto de la UE.
A este monumental engaño para ahorrarse miles de millones en pensiones, hay que añadir que, en una sola semana:
- Se produce la vergonzosa y chapucera manipulación de los datos del CIS, que en un solo mes hicieron desaparecer a todos los ateos de España.
- Madrid infla el cálculo de gasto de los hospitales que pretende privatizar, para que sirva como argumento definitivo y para que los beneficiarios se lleven aún más dinero.
- Gallardón vende a los registradores el Registro Civil por más de 300 millones. La Administración, en lugar de acceder a la documentación que YA posee, se la cede a un tercero para crear un paso intermedio en el que obliga al ciudadano a pagar.
El gobierno, estafando al ciudadano a cara descubierta.
Madrid rebaja impuestos y se reserva perdonar faltas muy graves a Eurovegas
Hasta ahora, si un casino cometía una falta muy grave (…) se arriesgaba a recibir una multa de hasta 600.000 euros por parte de la Comunidad de Madrid, que además podía cerrar el local hasta cinco años o incluso para siempre. Esa norma no se aplicará a Eurovegas, después del cambio introducido en la Ley 6/2001 del Juego por el Gobierno regional de Ignacio González (PP). A partir de la entrada en vigor de esta modificación, la Comunidad se reserva el derecho a no aplicar esos castigos cuando considere, subjetivamente, que son desproporcionados.
Y no es el único caso en el que el Ejecutivo regional se reserva la capacidad para indultar a los casinos por sus desmanes. La ley prevé que los directivos y los empleados de Eurovegas no puedan tener antecedentes penales. (…) “No obstante”, la Comunidad “podrá valorar las alegaciones del interesado, así como la relevancia de la infracción y, en consecuencia, resolver positivamente si lo estima oportuno”. Es decir, que el Gobierno regional se reserva el derecho a perdonar esa inhabilitación, pese al riesgo de reincidencia que pueda acarrear.
Los cambios legales permitirán inventarse cualquier juego de azar y ponerlo en marcha antes de recibir el aval de las autoridades. El Gobierno central ya ha cursado una modificación legislativa para permitir que los Ayuntamientos perdonen sus principales impuestos cuando lo crean conveniente.
Además, Ignacio González “regalará” 9.000 euros a Eurovegas por CADA trabajador que contrate. Esta cantidad contrasta con las ayudas a pymes y autónomos por creación de empleo, que ascienden a un máximo GLOBAL de 14.400 euros por entidad.
Días antes, se leía en la prensa que un inversor anónimo rescata Madrid con un préstamo de 1.452 millones de euros. El Gobierno de Ignacio González se niega a desvelar su nombre, como si estuviésemos ante un crédito personal, un negocio privado, como si no hablásemos de dinero público.
Al principio pensaba que podía ser Gao Ping, el de la operación “Emperador”, que quedó libre tras un “error judicial”. Pero me está dando que es el de Eurovegas.
O los dos.
No me extrañaría.
El PP da carpetazo a la comisión de investigación del Madrid Arena sin permitir la asistencia de técnicos ni otras versiones
El PP en el Ayuntamiento de Madrid ha hecho valer su mayoría absoluta para cerrar en falso la comisión de investigación del Madrid Arena. Los populares han vetado la propuesta de la oposición de hacer nuevos llamamientos para que comparezcan. Hay que recordar que tan sólo se han celebrado dos sesiones y media: el martes, el jueves hasta el mediodía y este lunes. En total, han pasado por la comisión poco más de una decena de comparecientes.
Los populares han puesto las reglas del juego por las que no se ha permitido comparecer a técnicos municipales ni a altos cargo de otras administraciones que podían haber refutado o ‘tumbado’ las teorías del Consistorio.
Al final la culpa la van a tener las chicas que han muerto, verás.
